Los centros de Primer Ciclo de Educación Infantil exigen a la Administración andaluza que asuma el precio total del servicio mientras dure esta situación de excepcionalidad con motivo del COVID-19

Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) critica que las medidas que contiene el Proyecto de Decreto Ley aprobado el 20 de abril, en referencia a los centros del primer ciclo adheridos al Programa de Ayudas, “son deficitarias y a todas luces insuficientes para el objetivo que pretenden, ya que, para preservar los puestos laborales del personal que presta sus servicios en los centros de infantil, es ineludible que el Gobierno Andaluz asuma el precio total establecido para un servicio, por debajo del cual es materialmente imposible sostener la carga laboral de nuestras profesionales”.

Así, la organización señala que “no se invierte en el sector, ya que la postura de la Administración andaluza consiste en repartir el dinero que ya se le bonifica a las familias entre las plazas ocupadas de todos los centros”. Una medida que, en estimaciones de CEI-A, supondría un desembolso de unos 180 euros por plaza ocupada frente a los 278,88 euros que se reciben actualmente entre lo que pagan las familias y lo que bonifica la Junta de Andalucía. Es decir, la Junta pretende que las escuelas paguen los mismos salarios y gastos ordinarios (luz, alquiler, etc…) con un 32% menos de los ingresos.

En esta misma línea, CEI-A apunta que “ya de por sí, el precio por plaza es muy inferior a su coste real al llevar congelado más de una década” y recuerda que “hablamos de un servicio puesto a la entera disposición de la Administración y sobre la que debe recaer la total responsabilidad de asegurar su viabilidad”.

Los centros se encuentran en una situación de precariedad al borde de la quiebra, por los motivos que ya han sido puestos en conocimiento en reiteradas ocasiones ante la Consejería de Educación y Deporte, y que desde CEI-A nos vemos obligados a recordar:

  • Precio de un servicio congelado desde hace más de doce años.
  • Actualización exponencial del salario mínimo profesional en los dos últimos años.
  • Aumento salarial recogido en el nuevo Convenio Colectivo.
  • Un descenso histórico de la natalidad.
  • Un incremento de plazas sin control hasta el presente curso escolar y en perjuicio de la red consolidada de centros del primer ciclo.

Después de informar a los centros que conforman esta gran base social, nos trasladan a nuestra organización que, ante la imposibilidad de mantener la continuidad de los puestos de trabajo de sus profesionales en estas circunstancias, actuarán conforme a derecho según su propia casuística, pero adelantando a este organismo la imposibilidad de garantizar la continuidad de su personal. No podemos olvidar que hay 1.800 centros afectados y más de 10.000 trabajadores, más de un 95% mujeres con empleo de larga duración, esperando una solución.

Por todos estos motivos, y con el objetivo de frenar las trágicas consecuencias laborales que esta medida podría acarrear, desde CEI-A pedimos a la Junta de Andalucía que reconsidere su postura y vele por la supervivencia de la raíz del sistema educativo andaluz.