La tan esperada primera reunión entre los representantes del primer ciclo de Infantil y la Consejería de Educación ha dejado un sabor agridulce para Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A). A pesar del buen talante ofrecido por la viceconsejera y por el director general, José María Ayerbe, que se mostraron dispuestos a mejorar algunos aspectos del decreto 1/2017 de 28 de marzo, las escuelas infantiles nos quedamos atónitas ante el anuncio final de la Consejería de no abonar la compensatoria correspondiente al mes de agosto del curso 2016/17.
De esta forma, según expuso Ayerbe, los centros de primer ciclo de Infantil no recibirán los 1.000 euros por unidad correspondientes a la compensatoria. Una cuantía que se venía percibiendo en los últimos tres años y que, por cierto, se tenía que haber pagado antes del 31 de julio. Esta cantidad venía a compensar la falta de ingresos de los centros durante el mes de agosto y es mucho más reducida de lo que las escuelas venían recibiendo hasta 2012.
Para paliar este varapalo, el director general ha anunciado que la Consejería va a adelantar a las escuelas el 90% del pago de los gastos de adhesión y gestión a septiembre (se supone que se abonarían hoy jueves, 21), mientras que el 10% restante se pagaría en julio.
Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía ha mostrado su total y absoluto desacuerdo hacia esta medida, que incumple lo aprobado en el Parlamento de Andalucía y que supone un obstáculo más en la ya de por sí asfixia que sufren los centros de educación infantil adheridos a la Junta de Andalucía. Celebramos que se adelante unos meses el pago en concepto de gestión, pero eso no puede ir de la mano de un nuevo recorte a la educación infantil, ya que la compensatoria es un derecho adquirido que no pueden cargarse de un plumazo justificándolo con el adelanto de un pago por otro concepto ya acordado.
En el lado positivo, la Consejería de Educación se mostró abierta a estudiar algunas de las mejoras propuestas por CEI-A y por el resto de representantes del sector como la modificación de los tramos de bonificaciones, la apertura de más convocatorias extraordinarias o la adaptación de la oferta educativa de los centros a la demanda de las familias.
