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Los centros de Primer Ciclo de Educación Infantil de Andalucía albergan en la actualidad a casi 90.000 niños y niñas de entre 0 y 3 años, que ocupan una plaza de las más de 123.000 oferta-das por la Consejería de Educación en el presente curso 2021/2022 (más de 125.000 en el cur-so 2022/2023). Es decir, más de un tercio de las plazas “públicas” están desocupadas en la actualidad, lo que implica una situación insostenible para estos centros, que sólo reciben in-gresos por plaza ocupada.

Antes de entrar en las reivindicaciones de este colectivo, hay que recordar que la red “públi-ca” de escuelas infantiles de nuestra región está formada por unos 2.150 centros, que pode-mos dividir en dos según su tipología.

Centros públicos: titularidad de la Junta de Andalucía. Suponen unas 170 escuelas con 12.435 plazas.

Centros de titularidad privada y Adheridos al Programa de Ayuda a las Familias. Representan a 1.995 centros con 113.869 puestos escolares.

A pesar de su indiscutible papel como herramienta de conciliación laboral para las familias, el primer ciclo de Educación Infantil tiene en Andalucía un carácter educativo, por lo que la pla-nificación corresponde a la Consejería de Educación.

La infra financiación, la inoperancia de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), el descenso de la natalidad, la permanente suma de adhesiones o unas tablas de bonificaciones a todas luces insuficientes, están poniendo en peligro la supervivencia de un sector en el que, además de cientos de emprendedoras al frente de los centros, trabajan casi 15.000 trabajadoras.

Por ello, desde COORDINADORA DE ESCUELAS INFANTILES DE ANDALUCÍA (CEI-A), patronal más antigua en defensa de la etapa de 0 a 3 años, y ante la inminente celebración de las elec-ciones andaluzas, hemos elaborado este decálogo de necesidades y reivindicaciones.

ÍNDICE

1. Desocupación

Todos los centros adheridos al Programa de Ayuda a las Familias, según recoge el convenio, deben de poner a disposición de la Consejería de Educación todas sus plazas. Debido al modelo subvención, la ayuda se le otorga a la familia con pago delegado al centro colaborado, por lo que las plazas que no se ocupan no perciben nada por su disponibilidad, pero tampoco el centro puede hacer uso de ellas de forma privada.

La Junta de Andalucía adhirió 27.581 plazas del curso 16/17 al 21/22, incrementándose sola-mente en 2.174 los matriculados en Primer Ciclo en ese periodo, pasando la desocupación del 9.2% al 30%. Sin embargo, los gastos son fijos o semifijos, los ingresos son variables, una menor ocupación es tener casi los mismos gastos al tener aulas incompletas. Ejemplo un centro de 41 plazas con un 18.2% de menor ocupación tendría 21.503 euros de ingresos menos anualmente y casi los mismos gastos, el centro pasa a perdidas y caja operativa negativa.

De media, la desocupación de los centros oscila entre el 28 y el 38% durante el curso. Una cifra que convierte en absolutamente insostenible el mantenimiento de las escuelas, cuyos titulares están completamente endeudados con créditos pensando en que llegarán tiempos mejores.

La baja natalidad, la continua suma de adhesiones o la aplicación de unas tablas de bonificaciones a las familias que son a todas luces insuficientes han contribuido al ascenso imparable de la desocupación de plazas, con la correspondiente merma económica para los centros.

Y es que, a pesar de poner todas sus plazas a disposición de la Administración y de tener prohibida cualquier actividad que genere otros ingresos, no existe corresponsabilidad alguna por parte de la Consejería en asumir esta falta de ocupación. Desde CEI-A no entendemos que se haga un presupuesto para 125.000 plazas, se ocupen apenas 90.000 y no se utilice el remanente para paliar la crítica situación que está padeciendo el sector educativo de 0 a 3 años en Andalucía.

Por ello, desde CEI-A solicitamos a los partidos políticos y a sus candidatos a presidir la Junta de Andalucía que, si acceden al Gobierno regional, OFREZCAN UNA SOLUCIÓN REAL Y EFICAZ AL PROBLEMA DE LA DESOCUPACIÓN DE PLAZAS.

2. APAE

El actual modelo de subvención bajo el Programa de Ayuda a las Familias, se encuentra regu-lado por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) que, lejos de agilizar o solucionar las posibles dudas o incidencias de los centros, se ha convertido en un verdadero lastre para las escuelas infantiles y para sus familias. No son pocas las sentencias judiciales que se han dictado ya en contra de las actuaciones y decisiones de la APAE y a favor de los centros, pero hasta llegar a ese momento, los profesionales del sector tienen que padecer un auténtico calvario con graves consecuencias económicas.

Las entidades colaboradoras (los centros), se encuentran con casuísticas no contempladas en los manuales que facilitan para la gestión de las ayudas. Lo que los llevan a tener que contactar con las Delegaciones Territoriales de APAE para resolver las situaciones o dudas. Intento nulo, ya que estas delegaciones sólo atienden por email, el cual suelen responder con res-puestas tipo que no solucionan la problemática. Lo que genera una pérdida de tiempo que finaliza con expedientes de reintegro sobre las ayudas otorgadas y servicios prestados a las familias. Todo, ello en perjuicio de los centros que prestan los servicios.

Es primordial solucionar el problema que plantea la falta de comunicación y atención que reciben los centros por parte de este Organismo. Ante cualquier incidencia resulta del todo imposible la toma de contacto con ningún técnico, siendo el único medio de comunicación el correo electrónico, mediante el que no dan respuestas concretas a los problemas plantea-dos, limitándose a remitirse a unas instrucciones genéricas (de dudosa legalidad), donde no se recoge toda la casuística de las incidencias que surgen en las tramitaciones llevadas a cabo por los centros como Entidades colaboradoras.

Es más, cuando las familias contactan con el Organismo, derivan la responsabilidad de cualquier incidencia sobre el centro por su “mala gestión”, invitando a las mismas a reclamar contra el propio centro. Por lo tanto, muy por encima de la prerrogativa de discrecionalidad de la goza la Administración, se está actuando por de este Organismo de forma frontal al principio de buena Administración y de proscripción de la arbitrariedad.

Todo esto deriva en una vorágine de expedientes de Reintegro que hacen peligrar la sostenibilidad y continuación de los centros. Es decir, los Centros actúan conforme a la Ley, aunque en ocasiones esto suponga contravenir las instrucciones, y tras la publicación de las bonificaciones tanto en listas provisionales, como definitivas, sin incidencias previas o con incidencias injustificadas, y después de haber prestado el servicio varios meses (sin seguir el procedimiento establecido en la Ley General de Subvenciones) requieren a los centros que devuelvan el precio de sus servicios, descontándolo directamente de liquidaciones posteriores.

Esto trae como consecuencia la pérdida de la plaza para el centro y la consecuente merma económica por los meses impartidos, al mismo tiempo que, por cuestiones puramente formales, en un ejercicio de sumo reduccionismo jurídico, se priva a las familias del Derecho a percibir la prestación que legalmente les corresponde, abocándolos a abandonar la formación del menor.

En otro orden de cosas, la retribución que reciben anualmente los centros de educación infantil como Entidades Colaboradoras se calcula en base a resoluciones anuales emitidas por este Organismo, que incluye un clausulado que esta Organización entiende abusivo desde varias perspectivas. Esta cuestión está siendo dirimida actualmente en los Autos Procedimiento ordinario 352/2021 seguidos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Sevilla.

Por último, nos encontramos con el problema de que se paralizan los abonos de todas las bonificaciones de una liquidación o varias, por cuestiones burocráticas individuales de un solo alumno. La respuesta que la Agencia da a estas cuestiones es “echar balones fuera”. Siempre recae la responsabilidad en otras consejerías o en normativas que nunca aclaran, incumpliendo, igualmente, con su deber de información y transparencia.

En definitiva, exigimos que CESE EL ACOSO CONSTANTE POR PARTE DE APAE hacia los centros de primer Ciclo de Educación Infantil.

3. Precio/Plaza

Aunque es cierto que en el curso 2020/21 se incrementó en un 15% el precio por plaza de los 278,88 euros (servicio socioeducativo más comedor) a los actuales 320,71 euros tras más de una década congelado, esta subida ha sido completamente insuficiente, ya que debería haber sido de, al menos, un 29,8% para cubrir el aumento de los gastos fijos. Así, a un IPC que durante el período de congelación subió un 19,1%, hay que añadir que los salarios de una educadora han aumentado un 34,85%, los del personal auxiliar y de limpieza un 50,42%, o un 68% los gastos de los centros teniendo en cuenta los costes salariales totales y de Seguridad Social. Todo ello, sin incluir el aumento exponencial de la desocupación de plazas o la subida desorbitada de los suministros.

Por ello, desde CEI-A solicitamos un INCREMENTO DEL PRECIO POR PLAZA acorde al aumento real de los gastos que tienen que afrontar las escuelas infantiles y REVISABLE al IPC. Hay que aclarar, que esta subida no repercutirá en ningún caso sobre las familias, ya que tendrá que ser asumida, como en 2021, por la Junta de Andalucía.

4. Un convenio abusivo

En marzo del año 2021 se renovaron los convenios entre la Consejería de Educación y las es-cuelas infantiles adheridas al Programa de Ayudas y Bonificaciones a las Familias de la Junta de Andalucía. A pesar de la gran insistencia por parte de nuestra organización a la Administración para modificar algunos puntos que CEI-A considera absolutamente desproporcionados y abusivos por asfixiar a los centros.

Entre otros aspectos, los profesionales del sector solicitamos la extensión de los gastos de gestión a las convocatorias extraordinarias, en las que se realiza exactamente la misma gestión que en la ordinaria y, sin embargo, no se recibe pago alguno; o una compensación eco-nómica que incluya una contraprestación por la disponibilidad de las plazas no ocupadas, asumiendo el riesgo de la desocupación, conjuntamente administración y entidad colabora-dora, especialmente en estos momentos en los que las vacantes han incrementado notablemente como causa de la crisis sanitaria.

Como suele ser habitual, la Consejería desoyó las peticiones de este sector y ofreció la renovación de estos convenios como “lentejas”. Es decir, o firmaban lo que ya había o se descolgaban del Programa, en una demostración más de la falta de diálogo y empatía hacia el primer ciclo.

Por este motivo, desde CEI-A pedimos un compromiso para la negociación de un NUEVO CONVENIO MÁS PROPORCIONAL Y MENOS ABUSIVO entre la Administración y las escuelas infantiles adheridas.

5. Adhesiones

La Junta de Andalucía adhirió 27.581 nuevas plazas del curso 16/17 al 21/22. En un período marcado por la pronunciada caída de la natalidad y, como consecuencia, del número de alumnos, la Administración optó por seguir sumando plazas y centros a la red pública andaluza.

¿El resultado? Cada vez menos niños para cada vez más escuelas.

¿La consecuencia directa? Centros semivacíos y centenares de escuelas con el agua hasta el cuello que, en muchos casos, se ven abocados al cierre.

No es comprensible que con una desocupación media de entre el 30 y el 38%, la Consejería siga adhiriendo nuevas plazas, con la única salvedad de aquellas zonas que considera “satura-das”. Una determinación que se aplica con unos criterios tan laxos que no frena, ni de lejos el problema.

Por ello, desde CEI-A exigimos el CESE DE ADHESIONES en las zonas en las que haya más de un 10% de desocupación de las plazas.

6. Bonificaciones a las familias

El descenso en el número de niños es un dato objetivo, pero también lo es que muchas familias no escolarizan a sus hijos en la etapa de 0 a 3 años por la dificultad para hacer frente al pago de la mensualidad. Actualmente, y tras una modificación que fue muy criticada por el sector y por las familias en el año 2017, todos los alumnos cuentan con un 13% de bonificación que corresponde a la última subida del precio por plaza (que soporta la Administración independientemente del nivel de ingresos) y se contemplan 10 tramos de bonificaciones en función de los niveles de Renta familiar, que van desde el 21,74% a la gratuidad total para las personas con menos recursos.

Aunque es cierto que Andalucía es una de las comunidades autónomas que cuenta con un mayor porcentaje de gratuidad en el sector, de más del 45%, el bajo nivel medio de los salarios en nuestra región hace que el importe a pagar por el resto de familias sea un verdadero problema a la hora de escolarizar a sus hijos en la etapa educativa de 0 a 3 años.

Además, otro de los problemas a los que tienen que hacer frente las familias se corresponde con el ejercicio de Renta que se contempla para la asignación de las ayudas, debido a que al realizarse la convocatoria ordinaria en el mes de abril, aún no se han realizado las declaraciones de la Renta del año anterior, por lo que los ingresos que se tienen en cuenta para aplicar uno u otro porcentaje son los de dos años atrás.

La experiencia nos dice que en casi dos años la realidad de las familias cambia notablemente, por lo que, finalmente, se ven abocados a renunciar a la escolarización temprana de su hijo o a buscar otras fórmulas como el cuidado del menor por parte de los abuelos o, lo que es peor, a dejarlos en las “ludotecas” que funcionan irregularmente como escuelas infantiles, sin el personal titulado, sin las instalaciones adaptadas, sin las normativas de higiene y seguridad necesarias para esta etapa tan vulnerable para los pequeños.

Por todo lo anterior, desde CEI-A abogamos por una REVISIÓN y AVANCE HACIA LA GRATUIDAD de los tramos de BONIFICACIONES Y AYUDAS a las familias, así como por contemplar para su asignación los INGRESOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO ANTERIOR.

7. Fondos Europeos

La noticia de la llegada en los próximos tres años de 123 millones de euros de los Fondos Europeos para la extensión del primer ciclo de Educación Infantil de Andalucía a través del marco del Plan de Recuperación y Resiliencia fue, inicialmente, un halo de esperanza para el sector. Sin embargo, tras conocer la letra pequeña, nos dimos cuenta que las condiciones en las que se habían aprobado era la puntilla para el sector, ya que lejos de paliar la desocupación en las escuelas ya existentes, el Gobierno central pretende seguir creando plazas nuevas en una comunidad autónoma en la que “sobran” más de 33.000 puestos escolares.

Aunque lo que nos competen son las consecuencias de esta decisión en Andalucía, tenemos que recordar que esta queja se ha hecho extensiva a todo el territorio nacional, incluso con movilizaciones en Madrid con profesionales llegados de todos los puntos de España.

Concretamente, en Andalucía existió un compromiso desde el primer momento por parte de la Junta de Andalucía para que, en el caso de aceptarse la partida, no destinar este dinero a crear más plazas, sino a cubrir las ya existentes. De hecho, existe una Proposición No de Ley aprobada en el Parlamento de Andalucía el 11 de febrero de 2022 por 58 ríes de PP, CS y Vox frente a 49 votos negativos de PSOE y Adelante Andalucía- para que los fondos europeos se repartan con objeto de incrementar las bonificaciones para seguir avanzando hacia la gratuidad de la etapa educativa de 0 a 3 años, pero no para crear nuevas escuelas y plazas.

Para Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía estas partidas europeas son una oportunidad única para fomentar la escolarización temprana, que tiene unos resultados muy beneficiosos para el desarrollo de los niños y que es la mejor garantía para reducir el fracaso escolar; a lo que hay que añadir su papel trascendental en la conciliación de la vida laboral y familiar.

En este sentido, para Coordinadora esas plazas, en el caso de crearse algunas nuevas, deben recaer en zonas de exclusión social, rurales, o barrios y municipios con escasez de plazas, en los que no existan vacantes en la actual red de centros públicos y privados, completando esta medida con un incremento de la financiación pública de la red de escuelas infantiles de iniciativa social para poder lograr la gratuidad en 0-3 en la actual red de centros mediante diferentes fórmulas de colaboración para ayudar directamente a las familias.

De no ser así, se sufriría una sangría en el empleo en un sector ocupado en un su inmensa mayoría por mujeres con una muy complicada recolocación posterior, ya que durante la pandemia las escuelas infantiles han visto reducirse sus plantillas, que ya estaban muy mermadas tras las constantes caídas de la natalidad.

Debido a esto, desde CEI-A reclamamos que LOS FONDOS EUROPEOS SE DESTINEN A MEJO-RAR LAS BONIFICACIONES Y AUMENTAR LA GRATUIDAD DE LA ETAPA EDUCATIVA DE 0 A 3 AÑOS en los centros de primer ciclo de Educación Infantil ya existentes, que cuentan con la experiencia, las infraestructuras y el personal cualificado necesario.

8. Ayudas específicas

Teniendo en cuenta que la Junta de Andalucía oferta más de 120.000 plazas escolares PÚBLI-CAS del Primer Ciclo de Infantil, contando con los centros adheridos, quienes cubren la mayor parte de esa oferta, se debería de crear una ayuda directa a las entidades colaboradoras, ya que la subvención destinada a las familias andaluzas para la escolarización de sus menores, no cubre el mantenimiento del servicio.

Si la Junta de Andalucía cuenta con la absoluta disponibilidad de las plazas y prohíbe cualquier actividad complementaria a los centros para lograr otros ingresos, ésta debería de hacerse corresponsable de los gastos de mantenimiento y funcionamiento de las escuelas infantiles, de forma similar a lo que hace con el segundo ciclo, aunque la modalidad de prestación de servicio sea por adhesión y no por concierto.

Los centros de primer ciclo de Educación Infantil necesitan de reformas, mejoras y arreglos en sus instalaciones para ofrecer un servicio socioeducativo de calidad y garantías. Sin embargo, a pesar de poner sus espacios a disposición de la red pública, todos estos gastos, al igual que los correspondientes a los suministros, alquileres o costes laborales, corren a cuenta de los centros.

Por todo lo expuesto, necesitamos que el próximo Gobierno andaluz que salga tras estas elecciones, se comprometa y lleve a su ejecución la mejora de un sector, altamente castiga-do, a la vez que muy necesario por su importancia para el desarrollo de los niños y niñas de Andalucía en todos sus ámbitos, social, emocional, cognitivo y afectivo. Sin olvidar la tan necesaria conciliación laboral.
Esta organización ha demostrado en multitud de ocasiones que invertir en el primer ciclo de educación infantil es ahorrar en posteriores etapas educativas, donde existe un gran fracaso escolar y abandono del mismo, por no haber atendido antes las deficiencias educativas.

Por consiguiente, desde CEI-A pedimos que el nuevo Gobierno andaluz que salga de las urnas el próximo 19 de junio articule AYUDAS ECONÓMICAS ESPECÍFICAS PARA LAS ENTIDADES COLABORADORAS, en este caso, para las escuelas infantiles adheridas.

9. Flexibilidad en la planificación

Desde hace años es costumbre en sector la práctica de modificaciones de los puestos escolares en función de la demanda educativa, con la finalidad de escolarizar a más menores de 0 a 3 años y proporcionar la tan deseada conciliación familiar, en la misma línea de los objetivos europeos.

Estas reconfiguraciones de aulas, siempre respetando las ratios establecidas, se han llevado a la práctica mediante la trasformación de aulas puras a aulas mixtas, en las que conviven diferentes tramos de edades.

Esta iniciativa nació por conveniencia de la propia Administración, con la colaboración de los centros, que adaptaron su proyecto educativo a las necesidades de la planificación y centros, y siempre, en beneficio de las familias y sobre la base del respecto a su Derecho constitucional a la libre elección de centro.

En la actualidad, ante el alto incremento de creación de plazas por parte de la propia Administración, en un momento de descenso vertiginoso de la natalidad y tras una crisis sanitaria, cuyas consecuencias huelga reseñar, esta reestructuración de Aulas podría resultar de vital importancia para la sostenibilidad y viabilidad económica de los centros. Sin embargo, precisamente ahora, este Servicio se niega bajo las premisas de una situación de “ilegalidad” de esta práctica.

De hecho, CEI-A ha solicitado a la dirección general de Planificación y Centros un informe jurídico al respecto para entregar a los componentes de la Mesa de Infantil. La sorpresa se pro-dujo en la última reunión del sector, donde el responsable de este servicios nos comunicó que no podía entregarlo manifestando que un es “documento de carácter interno” que no podía trasladar a los asistentes. Desde esta organización entendemos que se vulnera de esta manera el Derecho de las entidades representativas del sector recogido en el Art. 53.1.a) de la ley 39/2015, de acceder la información y documentación, en condición de interesado, en un procedimiento administrativo.

Por otro, habría que poner de manifiesto que si esta flexibilidad en materia de planificación de centros es una práctica ilegal, se ha venido actuando de forma ilegítima y contraria a la ley durante años por parte de la Consejería de Educación.

Ante esta falta de empatía y transparencia de la Administración, CEI-A solicita una MAYOR FLEXIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE LOS CENTROS que permita su sostenibilidad, cumpliendo en todo momento con la normativa de ratio y con el proyecto educativo de la etapa correspondiente.

10. Compromiso de indivisibilidad del ciclo

La etapa educativa de 0 a 3 años en Andalucía está contemplada como un ciclo indivisible. Una condición que se sustenta, principalmente, en el bienestar del menor, ya que con esas eda-des tan tempranas los niños tienen unas necesidades muy particulares y especiales que sólo pueden verse satisfechas en las escuelas infantiles. Entre otros beneficios, los pequeños pueden desenvolverse en un ambiente controlado y cercano, con el mismo personal que los atenderá en sus primeros tres años de vida y con unas instalaciones adaptadas completa-mente a su tamaño, a sus hábitos, a sus preferencias y, sobre todo, poseedoras de los máximos niveles de seguridad e higiene, tan importantes en estas edades tempranas.

Además, uno de los valores añadidos más importantes de las escuelas infantiles en el de la confianza y la comunicación permanente entre las educadoras y las familias. No podemos olvidar que hay bebés que llegan a estos centros con apenas 5 meses, muchos aún dependientes de la lactancia materna y con unos cuidados muy específicos. Por este motivo, las escuelas infantiles cuentan con una ratio específica y muy exigente de educadores y auxilia-res necesarios para cubrir las múltiples necesidades del alumnado.

¿De verdad alguien puede sostener que es positivo para un niño de apenas dos años asistir a un colegio de grandes dimensiones y con, aproximadamente, 500 o 700 estudiantes de hasta 12 años de edad? Rotundamente, no, Las únicas razones que avalan este despropósito tienen una base económica, muy lejos de velar por los intereses de los menores.

Precisamente, este argumento económico es el que hizo que se adelantara la entrada a los colegios desde los 4 a los 3 años, acelerando a marchas forzadas el desarrollo y evolución de los pequeños en cuanto a autonomía, afectividad y control de esfínteres, entre otros aspectos. Ahora, algunos pretenden “restar” un año más a esta etapa, como ya están haciendo en algunas zonas de España.
Para Coordinadora de Escuelas Infantiles esta iniciativa de llevar a los niños de 2 años a los colegios es, simplemente, una aberración sustentada en el argumento del ahorro económico y contraria a todo tipo de recomendación pedagógica, psicológica o pediátrica.

Bajo estos argumentos, desde CEI-A exigimos a los partidos políticos su compromiso para NO DIVIDIR LA ETAPA EDUCATIVA DE 0 A 3 AÑOS EN ANDALUCÍA.