A la vista de las declaraciones de nuestro Consejero de Educación de la Junta de Andalucía, el Sr. Imbroda, en sede parlamentaria, que citamos textualmente: “no va a haber vuelta a las aulas de aquí a final de junio…consideramos que es mejor que no haya esa vuelta y mucho menos en la etapa infantil”; esta Asociación no quiere perder la oportunidad para agradecer esta decisión, que significa el reconocimiento de la etapa del primer ciclo de educación infantil y su equiparación al resto de etapas, cuestión tan demandada por el sector.

Esta medida, plenamente consensuada y compartida por la mayoría de patronales y sindicatos, así como la FAMP, es el lógico resultado de la falta de protocolos sanitarios que se ajusten a las necesidades de este sector, por sus características; así como las dudas sobre la sostenibilidad económica de la empresas marcada por las posibles limitaciones del aforo.

Los centros de educación infantil, históricamente, vienen gestionando todo tipo de cuadros víricos de forma compatible con el apego de los menores y su rutina educativa, teniendo protocolos higiénico-sanitarios altos, y consolidados, previos al COVID 19. Es por ello, que, para que la apertura de nuestros centros se lleve a cabo con todas las garantías, es necesaria la adaptación de estos protocolos a la situación sanitaria actual, y ello no sería posible con una actuación precipitada como la que instruye la Ministra de Educación, quien sitúa al primer ciclo de educación en la segunda fase de la desescalada, sin tener en consideración las particularidades de esta etapa educativa.

La conciliación es un elemento más de la labor desarrollada por los centros educativos, pero que no puede ser priorizada sobre la seguridad de los menores, de sus familias y de los propios profesionales que trabajan en los centros. No negamos la importancia de la función conciliadora que pretende proteger el Ministerio de Educación, pero aplaudimos el reconocimiento de la labor fundamental de nuestras escuelas, que no es otra que la socio-educativa, en la línea defendida por la Junta de Andalucía.

Desde esta patronal, de cara a la reanudación del servicio, se ha presentado una propuesta de sostenibilidad desde el plano económico, jurídico-administrativo y laboral, que haría viable la actividad de nuestras empresas, sin coste adicional en los presupuestos destinados a la ayuda para la escolarización de niños menores de 3 años.